En una semana estaremos eligiendo a los representantes políticos que deberán liderar la España del siglo XXI y asumir los retos que este siglo nos trae. Nada fácil por cierto. Porque además de paliar más pronto que tarde los efectos que la tan manida crisis ha causado en nuestra sociedad, deberán diseñar e implementar las políticas que provoquen en este país un cambio de tal envergadura que nos permita prepararnos para competir en un mundo global, digital Y tecnológico.
Según el último CIS, el paro y los temas económicos son los problemas que más preocupan a los españoles, parece entonces estas las cuestiones decisivas a la hora de emitir los votos. En el aspecto laboral, independientemente de aspectos ideológicos, lo que si parece evidente es que existe un problema estructural, los elevados índices de desempleo incluso en ciclos económicos positivos así lo indican, es entonces eso lo que se debe atajar y si en tantos años no se ha conseguido quizás sea el momento de hacer nuevas cosas. “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, decía Einstein.
Respecto a la materia económica el debate se centra en la fiscalidad, pero aparte de la lucha contra el fraude para recaudar más, algo común en todas las propuestas, y del gancho mediático de anunciar bajadas de impuestos, lo que sabemos de verdad es que desde 2007 al 2014 ha subido la recaudación del IRPF y del IVA y ha caído la del Impuesto de Sociedades, y no para pymes sino para grandes empresas, que gracias a sus ‘privilegios’ tributaron en 2014 a un tipo medio del 7,3%, lejísimos del nominal del 30%.
Y qué decir del control del gasto, este se puede realizar disminuyendo los servicios (sanidad, becas, prestaciones, etc…), lo fácil y rápido, pero lo realizado hasta ahora; o mejorando la estructura del Estado y su gobernanza, ambos temas esenciales desde un punto de vista de gestión para la eficiencia de una organización. Así, crear una estructura de Estado que reduzca la burocracia, las colisiones entre administraciones o las superposiciones de competencias, parece que puede contribuir significativamente a una mejor eficiencia. Quizás la clave sea saber cómo se va a pagar el déficit, que según la UE ascenderá el próximo año a 13.000 millones de euros, recortando o gestionando.
A la vista de las programas políticos las soluciones son variopintas, unos suben los impuestos otros los reducen, unos derogan la actual legislación laboral, otros la cambian radicalmente con un solo tipo de contrato indefinido, es decir, tomar una decisión requerirá de un análisis concienzudo y una tranquila pensada. Aunque siempre estará la opción de “votar a los míos”, a los que otorgar de forma ciega y acrítica la confianza, dejando el futuro en sus manos. Es una opción. Pero en verdad proporcionará esta forma de actuar una mejora del “producto España”, las políticas a desarrollar y las formas de gobernar.
