Perdonen que me ría, pero creo que es mejor tomárselo a guasa. La otra opción es indignarse, y como aquel que dice acabamos de comenzar el año para empezar a enojarse tan pronto. La verdad es que cuando a mediados de diciembre se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la jornada de 35 horas para los funcionarios andaluces, las primeras declaraciones de consejeros de la Junta y ese manido “respeto a la sentencia”, ya se intuía que ese respeto iba entrecomillado.
Esta reacción de la Junta me parece una pillería y una burla. Una pillería para solventar un no saber perder, retorciendo las leyes y sus interpretaciones para salirse con la suya (lo primero que me pregunté cuando tomarán este rumbo fue, ¿en qué se diferencia esta actitud de lo que hacen los independentistas?, posiblemente sea exagerado). Una burla, tanto al propio Tribunal Constitucional como a la inteligencia del resto de la población intentando convencernos que la Junta siempre respeta las leyes (como los Lannister pagan sus deudas), y que el sistema ingeniado no sólo está cargado de sentido común, sino que sus contenidos y procedimientos de control son los adecuados.
Son 91 horas anuales a realizar en casa o convalidarla con formación. Lo del trabajo en casa es una ocurrencia, y no porque no se pueda trabajar en casa, pero convendrán conmigo que eso no es posible en todos los puestos de la administración pública. Para que éste trabajo sea real no sólo será cuestión de un sistema de control de las horas –al igual que se hace con las presenciales–, sino de contenidos claros que le den a ese trabajo doméstico sentido real, que aporte valor. La justificación de la consejera es que se incorpora en el cómputo de la jornada laboral las actividades y tareas que los trabajadores «habitualmente ya venían desarrollando fuera de su puesto de trabajo, como preparación de clases, estudio de casos clínicos, investigación o formación on line, entre otros”. Esto entonces significa que antes estaban echando horas extras y la Junta no las pagaba.
Si se trata de formación, esta debe ser dirigida hacia un objetivo común de la organización y no dejarla a los intereses particulares de las personas, que en su tiempo libre y con sus recursos se podrán formar en lo que deseen, pero el concepto de formación continua debe ir enfocado a mejorar como profesional pero alineado con el objetivo de la organización.
Obviamente en esta decisión está la motivación de apuntarse un tanto político frente al gobierno central y vender el mantenimiento de siete mil puestos de trabajo que se habían creado con la entrada en vigor de las 35 horas. Pero no vale todo, una institución debe respetar las normas y saber encajar con deportividad los reveses, es su baza para tener la fuerza ética y moral suficiente para poder hacer que se respeten sus decisiones.
