Oyendo las noticias de los dos últimos escándalos, Acuamed y Operación Taula, me surgieron un par de preguntas: ¿Cómo influye en nuestra economía y salida de la crisis los escándalos de corrupción? y ¿Por qué existen tantos casos de corrupción en España?. Si partimos de la base que la corrupción es por excelencia el primer adversario de la libertad y de la democracia, y que sin éstas creamos sociedades desiguales, injustas e impúdicas, y que el crecimiento económico necesita instituciones que funcionen, donde las garantías jurídicas sean reales y la libre competencia también, sin estar sujeta a favores y mordidas. Parece entonces, que sí influye en nuestra economía. Aunque quizás lo peor es la sensación de impunidad que existe en la sociedad, con procesos judiciales eternos, sin devoluciones de lo robado, y es esa aparente impunidad, más propias de países subdesarrollados, lo que incentiva a los corruptos. Como sabemos en todo negocio o inversión hay un cálculo de riesgo-beneficio, si hay impunidad se fomenta el ‘negocio’.
Una de las razones de la proliferación de casos puede ser la excesiva politización de la administración pública. Cualquier ayuntamiento que se precie o CC.AA. tiene una red de agencias, institutos y fundaciones en las que la elección del personal es a discreción del partido que gobierne, –sucediéndose unos a otros con los mismos criterios, colocar a los míos–, dependiendo sus puestos de trabajo de que gane su partido, lo que hace quizás comprensible la laxitud ante ciertos comportamientos. Una solución puede pasar por un cambio profundo de estructuras, diferenciando la representación política de la gestión y organización administrativa, lo que requiere, no solo la voluntad política de dejar en manos de profesionales la gestión, sino también un cambio radical en el sentido de la función pública.
La elección y continuidad de los gerentes dependería de su competencia y no de su afiliación o simpatías políticas, y sus periodos de mandatos no coincidiría con los electorales para evitar perversiones, es decir, una meritocracia en base a cuestiones objetivas y verificables. A su vez, el modelo actual de funcionariado, plazas en propiedad para toda la vida, parece no ir acorde con los tiempos que vivimos de cambios constantes y continuos, donde la competencia profesional no viene dada por aprobar una oposiciones, sino que debe ser mantenida, actualizada e incrementada en el tiempo. Además, limitaría en demasía la posibilidad de una gestión eficiente por parte de los directivos, pues una organización sin premios y castigos se aboca a la relajación e inoperancia.
No es mi intención generalizar, esto sería una simpleza, y no presupongo que todos los políticos son deshonestos ni todos los empleados públicos no competentes, ni mucho menos, solo expongo alguna reflexión, muy difícil de llevar a cabo, pues además de vencer las inercias de años y años, requerirá de ingentes dosis de coraje para tomar decisiones difíciles e impopulares, pero necesarias para seguir avanzando como país.
